PELEA DE TITANES EN VENEZUELA EMPRESA PRIVADA VS ESTADO

Analisis de algún común Venezolano con memoria...

En Venezuela la empresa privada ha vivido desde hace mucho tiempo, antes que se iniciara la democracia, mucho antes, en una situación de sospecha permanente. dudandose que sean las empresas una forma disfrazada de aprovechamiento de la cosa pública., recordemos que con CADIVI se desmoronó el sistema a cuestas de las llamadas "empresas fantasmas" que se llevaron millones de dólares para importar nada o en su defecto alambre oxidado (opinión sustentada); Durante la era colonial, solo era posible realizar una  actividad empresarial por gracia de la corona, tradición que se extendió al período republicano. La riqueza petrolera, con el subsuelo en manos del Estado, no hizo sino afianzar tal situación. De allí la creencia generalizada de que toda fortuna en Venezuela tiene  origen político.

La economía venezolana experimentó un crecimiento continuo desde 1920, fecha en la cual comenzó la explotación petrolera, hasta 1978. La empresa nacional, privada y pública, disfrutó de grandes oportunidades, sobre todo a partir de 1958,  cuando el Estado adoptó una política activa para su  promoción y protección. Durante veinte años el Estado promovió el desarrollo de la empresa privada por todos  los medios a su alcance.

       A partir de 1978, la economía venezolana entró en  un período de dificultades que se prolonga hasta el presente. Las empresas nacionales comenzaron a sentir el impacto de la devaluación, la reducción de la demanda y el control de cambios y de precios en la década de 1980. Es, sin embargo, a partir de 1989 cuando se hace plenamente presente el impacto de la crisis sobre las empresas con el desmantelamiento de la anterior política de protección. En ese momento surgieron serias dudas acerca de la capacidad de la empresa privada nacional para sobrevivir sin apoyo del Estado. El gobierno planteó una política de apoyo a la reestructuración, que tuvo escaso impacto real. Sin embargo, las empresas comerciales se adaptaron sin mayor dificultad, convirtiéndose muchas de ellas  en importadoras.  Gran parte de las empresas manufactureras lograron sobrevivir reduciendo la amplitud de sus líneas de productos, mejorando la calidad de los mismos y la productividad de los procesos. Lo que no lograron fue desarrollar una capacidad importante para la innovación.Se demostró que eran menos dependientes de la protección gubernamental de lo que se suponía, pero su legitimidad no aumentó significativamente a los ojos del público.

      La década de 1990 se ha caracterizado por una elevada volatilidad en los dos elementos que determinan el comportamiento de la economía venezolana: el mercado petrolero internacional y la política económica adoptada por el gobierno. El mercado petrolero experimentó el auge de la Guerra del Golfo en 1991, la caída de la Crisis Asiática en 1998, y el auge de la recuperación en 1999 y 2000. La política económica pasó por la apertura y reforma del gobierno de Pérez, la reacción antiliberal, los controles y la crisis financiera  de los primeros años  del gobierno de Caldera, la liberalización a regañadientes de la Agenda Venezuela, en la segunda mitad de su gobierno, y la incertidumbre del gobierno de Chávez.  

Crecer en un invernadero

 El fomento de la empresa privada nacional por el Estado venezolano se remonta a la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946. Entonces se comenzaron a consolidar algunos grupos industriales nacionales como el Mendoza Goiticoa, el Delfino, el Mendoza Fleury, el  Machado-Zuloaga ,  el Vollmer,  Phelps, el  Neumann, el  Domínguez  y el  Branger. En el ámbito comercial y de servicios destacan los grupos Boulton, Blohm y Tamayo,  de larga trayectoria. En la banca, los Velutini, Pérez Dupuy, Salvatierra-Benacerraf y Lecuna. Entre 1940 y 1960 llegaron a Venezuela más de dos millones de inmigrantes europeos, sobre todo españoles, portugueses e italianos. Muchos de ellos se establecieron como empresarios, de la  construcción, metalmecánica, confección, muebles, transporte, comercio al por menor, agricultura y servicios. Estaba todo por hacer, se contaba con apoyo del Estado, de manera que no era difícil iniciar una empresa si se contaba con espíritu emprendedor y los conocimientos necesarios.

La política de sustitución de importaciones establecida a partir de 1958 dio nuevo impulso a la empresa privada nacional y numerosos profesionales decidieron convertirse en empresarios.  Entre las medidas de apoyo acordadas entonces a la industria destacan la protección  arancelaria, los  créditos blandos, la exoneración de impuestos y derechos de importación, y las compras gubernamentales pautadas en el decreto Compre Venezolano. La entrada de Venezuela al  Acuerdo de Cartagena en 1971 significó la imposición de restricciones considerables a la inversión extranjera como consecuencia de la aplicación de la Decisión 24. Los empresarios nacionales enfrentaron una gran abundancia de oportunidades de expansión lo cual dio lugar a la aparición de grupos muy diversificados. Era inevitable que muchos de ellos mostraran conexiones con el liderazgo político del momento.

 Las empresas del Estado se multiplicaron, paralelamente,  con la creación a comienzo de la década de 1960 de Cadafe, para el servicio eléctrico, y la Corporación Venezolana de Guayana, para el desarrollo hidroeléctrico, el del acero y el del  aluminio. Las telecomunicaciones estaban en manos del Estado después de la compra de CANTV, la empresa telefónica en 1952. La nacionalización de las industrias del hierro  y el petróleo en 1975 incrementó de manera significativa el papel del Estado en la economía. El punto de quiebre del desarrollo económico del país en 1978 coincide, paradójicamente, con el cenit de la expansión de la empresa nacional, pública y privada.

La política de proteccionismo y la abundancia de recursos  resultó en inversiones ineficientes tanto en las empresas públicas como en las privadas. Esta tendencia se exacerbó durante el primer gobierno del presidente Pérez, cuando a los recursos de la renta petrolera se sumaron los del endeudamiento externo, propiciado por la banca internacional para reciclar los llamados petrodólares. Entonces surgieron nuevos grupos empresariales al calor del favor oficial.  El modelo de desarrollo pierde dinamismo a partir de 1978, cuando comienza a caer el rendimiento del capital, seguido por el de  la productividad.

Cuesta abajo en la rodada

Cuando el presidente Herrera llegó al poder en 1979, preguntando “¿Donde están los reales?”, en la mejor version de Jaime Lusinchi diciendole a un periodista "tu a mi no me jodes" (creo que ni Páez ni Zamora hubieran hecho tal barbaridad siendo hombres de campo y guerra) el país vivía un momento de pleno empleo que  no se ha vuelto a repetir. Herrera adoptó políticas de liberalización, incluyendo propiciar la salida de divisas para “enfriar” una economía recalentada, dando inicio a una hemorragia  de capitales que no se ha detenido en los más de veinte años transcurridos. Al incremento de los precios del petróleo a más treinta dólares por barril en 1978, como consecuencia de la caída del Shah de Irán,  siguió el derrumbamiento de  precios de 1982, consecuencia de la reacción de los países consumidores. El gobierno nacional optó por cerrar más el mercado nacional y  establecer un  régimen de cambio diferencial a partir de febrero  de 1983. Hacia 1986 el petróleo cayó a menos de 12 dólares por barril. El gobierno de Jaime Lusinchi decidió incrementar el gasto público utilizando las reservas internacionales, para mantener una bonanza aparente en espera del repunte de los precios petroleros,  y introducir un control de precios que condujo al desabastecimiento.

En la década de 1980 la empresa nacional se benefició de las medidas tomadas por el gobierno para prolongar la vigencia del modelo de desarrollo basado en la renta petrolera y el proteccionismo. El mercado nacional estaba más protegido que nunca. Los créditos blandos ya no estaban disponibles para la industria  pero se otorgaban generosos subsidios a la exportación y a las actividades agrícolas. A mediados de la década las empresas privadas nacionales fueron descritas como “jóvenes, muy diversificadas, apenas competitivas, rentables, endeudadas, familiares, atrasadas en su organización, y poco venezolanas en lo relativos a su tecnología y al origen de sus dueños”

En 1989 las reservas operativas internacionales se encontraban en 300 millones de dólares, el país no podía honrar su deuda externa y el crédito internacional estaba cerrado. No había otra salida que negociar con el Fondo Monetario Internacional, el cual exigía la apertura de la economía como condición para su apoyo. El nivel de protección arancelaria se redujo de 130 por ciento a 10 por ciento en 1989 y 1990, y se eliminaron las prohibiciones de importación. Sin embargo, los sectores productores lograron adaptarse, en contra de lo anticipado. Esto fue posible, en buena parte, debido a que la unificación de la tasa de cambio en 1989, que eliminó el anterior régimen de cambio diferencial,   entrañó una considerable devaluación de la moneda. La industria manufacturera reaccionó a la apertura del mercado mejorando su eficiencia y la calidad de sus productos. Muchas corporaciones redujeron su diversificación, cerrando o vendiendo algunos de sus negocios

Paralelamente se produjo la apertura a la inversión extranjera.  La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena había sido reemplazada por la Decisión 220, mucho menos restrictiva, en 1987 y ésta por las 291 y 292 en 1991, en momentos en que todos los países andinos se estaban abriendo de forma unilateral al comercio y la inversión.

El programa de ajuste aplicado por el gobierno en 1989, y la política de apertura suscitaron una enconada oposición no tanto de los productores mismos sino de los partidos políticos y organizaciones sindicales y gremiales que vieron amenazados sus privilegios. El no reconocer  las pérdidas cambiarias generadas por  la deuda externa privada obligó a muchas empresas a afrontar grandes pérdidas y le granjeó importantes  adversarios al gobierno. En 1990 y 1991 se había producido un repunte en la inversión privada y un incremento en el crecimiento económico, el  empleo y el salario real, con la consiguiente disminución de la pobreza gracias, en parte, al incremento en los precios del petróleo y en parte a los efectos del ajuste y liberalización. Se dio inicio a las privatizaciones con la venta del 40 por ciento de Cantv al consorcio liderado por GTE y de Viasa, la línea aérea bandera,  comprada por Iberia.

Rafael Caldera basó su campaña electoral en la promesa de revertir las reformas económicas emprendidas por el gobierno de Pérez. Implantó el control de cambios y de precios en 1994 pero no llegó a dar  marcha atrás como se esperaba en la apertura comercial ni en las privatizaciones. En abril de 1996 adoptó una política económica similar a la que había combatido, que  comprendía el intento de privatizar las empresas del Estado, pero que resultó menos exitosa que la anterior.

      La caída  del Banco Latino precipitó la crisis financiera de 1994 que llevó a la intervención de 18 bancos, cuyo tamaño era equivalente al 60  por ciento de la capacidad del sistema financiero,  y  otorgó  auxilios financieros que ascendieron a 1,8 billones de bolívares. Como resultado se produjo un  retroceso la empresa privada nacional en el sector financiero. El Banco Provincial fue adquirido por el Bilbao Vizcaya de España y el Banco de Venezuela por el Banco de Santander de la misma nacionalidad, el Banco Consolidado fue adquirido por Corpbanca, un grupo chileno, y Fivenez por el Banco Popular del Ecuador. Algunos bancos importantes fueron cerrados, como el de Maracaibo, el Progreso y  de la Construcción. Sobrevivieron algunos de los grupos financieros nacionales más importantes como los Bancos Caracas, Unión, Caribe, Venezolano de Crédito y Mercantil.

El gobierno del presidente Caldera utilizó el anclaje de la tasa de cambio para combatir la inflación y el incremento en las tasas de interés para desestimular la fuga de divisas.  Las empresas manufactureras se vieron afectadas por la combinación de apertura del mercado interno, elevadas tasas de interés y moneda sobrevaluada

Algunos de los grupos empresariales más importantes se desmoronaron como consecuencia de este conjunto de factores. El grupo Mendoza Goiticoa, que llegó a ser el más relevante  del país, quedó prácticamente desmantelado. De sus principales empresas, el Banco La Guaira fue cerrado,  Vencemos fue vendida a Cemex de México, Venepal a sus gerentes, Grupo Químico a un grupo colombiano. La Organización  Cisneros vendió algunas de sus empresas más importantes, como los supermercados CADA y las tiendas MAXY”S, adquiridas por compradores colombianos, y adquirió otras en el exterior, convirtiéndose en un grupo internacional. Corimon fue adquirido por accionistas del Grupo Polar. El grupo Boulton perdió Seguros La Seguridad. El Grupo Zuliano, el más importante del occidente del país, se desmoronó con la caída del Banco de Maracaibo y de sus empresas petroquímicas

El gobierno del presidente Chávez no ha tomado medidas hostiles hacia la empresa privada y en sus primeros años adoptó una política económica más bien conservadora y centrada en combatir la inflación. Sin embargo, su discurso populista y su retórica revolucionaria ha hecho poco por promover la confianza de los inversionistas y ha contribuido a  la caída del valor de las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Ello condujo a la adquisición hostil de La Electricidad de Caracas por la empresa estadounidense AES en 2000, lo cual representó un hito en el retroceso de la empresa nacional. Sivensa, una empresa con una alta proporción de ventas de exportación, ha estado amenazada por compras hostiles. Los accionistas de otras empresas importantes que cotizan en la bolsa han optado por venderlas, como es el caso de Mavesa adquirida por  Polar en 2001.

Los grupos empresariales que mejor han sobrevivido los avatares de la última década han sido de capital cerrado. El grupo Polar ha crecido con incorporación de la embotelladora de Pepsi Cola, la diversificación hacia hipermercados, a través de Makro, y hacia la industria petrolera. La adquisición de Mavesa la consolidaría como una de las empresas de alimentos y bebidas más importante del América de Sur. El Grupo Cisneros ha vendido  su participación en Hit de Venezuela, ahora embotelladora de Coca Cola, y en Telcel, la empresa líder de telefonía celular. Su hermana la Organización Cisneros, como se dijo,  se ha quedado con Venevisión en Venezuela y ha invertido en comunicaciones en Estados Unidos y otros países pasando a ser una empresa internacional. Inelectra, la empresa líder en ingeniería, ha crecido de manera importante y ha establecido una filial en Colombia.

La empresa en la economía política bolivariana

En la década de 1990 han surgido nuevas empresas, aunque no en número o tamaño suficiente para reemplazar a las que han desaparecido. Acerca se ha convertido en la principal aerolínea del país, mientras que Aeropostal ha mostrado una notable recuperación. El Grupo Sambil ha realizado importantes inversiones en centros comerciales. El Grupo Sultan ha creado grandes cadenas de tiendas aprovechando la libertad de importación y la sobrevaluación de bolívar. El gobierno bolivariano ha tratado de estimular el surgimiento de un nuevo empresariado que reemplace al existente, considerado como producto de los favores de los gobiernos precedentes. Sin embargo, ha tenido poco éxito en este empeño. Inclusive, grupos nuevos como el de  Multinacional de Seguros, que apoyaron al presidente Chávez en su campaña electoral, han terminado por volverse hostiles al gobierno.

El modelo económico del gobierno del presidente Chávez  parece ser de carácter emergente, siendo creado sobre la marcha sin contar con un plan detallado que guíe su desarrollo. Sin embargo se pueden observar las grandes líneas que lo conforman. Se puede resumir diciendo que se trata de un modelo que privilegia a los pequeños productores, sean artesanos, comerciantes informales (buhoneros) o parceleros. y a la empresas del Estado. Combina  el mercado como institución de intercambio, con la planificación central como medio para imprimir racionalidad social a la   economía. Aspira a impulsar el surgimiento de u nuevo empresariado nacional, más productivo y nacionalista. Tolera la presencia de las empresas multinacionales, a pesar de considerarlas instrumentos de dominación económica de las potencias hegemónicas, dado que oponerse a ellas supondría confrontar directamente a los países desarrollados. Se ha enfrentado al empresariado nacional, agrupado a Fedecámaras, no solo por razones ideológicas, sino por la capacidad de los empresarios para asumir posiciones políticas y financiar a la oposición.

Sin embargo, de este modelo únicamente ha logrado avanzar en el fomento de la economía informal, favoreciendo a los “buhoneros”  frente al comercio establecido. La pérdida de unos dos millones de empleos formales durante los tres primeros años de gobierno, cuando la fuerza de trabajo se estima en once millones,  ha alimentado involuntariamente el sector informal, el cual ocupa más del 55 por ciento de la fuerza de trabajo en 2002.

De cara al siglo ventiuno

Después de treinta  años de promoción oficial dela empresa privada nacional, y veinte de decadencia, hemos regresado a una situación no tan diferente a la existente en la década de 1950, excepto que las industrias petrolera,  petroquímica  y del aluminio están en manos de Estado y los medios de comunicación permanecen en manos privadas nacionales. Las empresas multinacionales han retomado su preponderancia anterior en los sectores en los cuales se les ha permitido incursionar, como la banca, la manufactura y las telecomunicaciones, incluyendo algunos  donde nunca la tuvieron, como electricidad. La retirada de la empresa privada nacional se debe tanto a factores externos como internos. La globalización ha reforzado el  protagonismo de  las empresas multinacionales y ha llevado a que sectores que eran anteriormente territorio de la empresa nacional en casi todos los países, como cemento, bebidas gaseosas y cigarrillos, sean dominados por ellas. Por otra parte, las políticas proteccionistas sirvieron para crear empresas poco competitivas pero la mayoría mostró una inesperada capacidad de adaptación frente a la apertura.

       Más difícil fue sobrevivir a los vaivenes de la política económica, a una crisis financiera agravada por la torpeza del gobierno, a la combinación de apertura de mercado, contrabando y sobrevaluación, y  a la inestabilidad política y social de los últimos años. Es cierto que una parte de las empresas privadas nacionales estaba destinada a sucumbir o a cambiar de manos ante los embates de la globalización, pero las políticas erráticas de la década pasada multiplicaron  ese impacto más allá de toda proporción.

Hacia un nuevo modelo de relación

La economía venezolana debe superar su dependencia de la renta petrolera para retomar la senda del crecimiento.Para ello se requiere recuperar la confianza para invertir  y crear condiciones macroeconómicas favorables. En particular, es necesario evitar la sobrevaluación de la tasa de cambio. También es necesario reducir a volatitilidad de la economía, producto de los vaivenes del mercado petrolero. Esto puede lograrse con una política petrolera de alto volumen y precios bajos, que reduzca el componente rentista del ingreso.

        Sin embargo, no es de probable  un cambio en la propiedad del  subsuelo por parte del Estado, ni una reducción excesiva de la preponderancia de la explotación petrolera en la economía nacional. En consecuencia, es de esperar que se mantenga vigente la importancia del Estado como motor de la economía. De ser así, es fundamental desarrollar una relación constructiva entre sector público y sector privado como base del desarrollo económico del país. Como referencia de esta relación público privada se puede citar gran número de experiencias internacionales siendo la más emblemática la del MITI japonés y su papel en el desarrollo de sectores industriales competitivos en Japón en la segunda mitad del siglo XX. También se conocen  experiencias europeas, como el desarrollo de Airbus como un productor aeronaútico de importancia global, y el caso de  la industria de defensa de los Estados Unidos.

La relación de cooperación público-privada ha sido conceptualizada en el modelo del Diamante Estratégico, el cual especifica las áreas de intervención del gobierno para apoyar el incremento de la competitividad de los sectores productivos.Este modelo se basa en el del Diamante de Porter, utilizado para analizar las fuentes de ventaja competitiva de los sectores productivos.Los cuatro grupos de determinantes de la competitividad planteados por Porter son: condiciones de los factores de producción, los cuales divide en heredados y creados; condiciones de la demanda; industrias relacionadas y de apoyo; y estructura del sector y estrategia y rivalidad de las empresas.

      El diamante estratégico plantea el papel que puede jugar el Estado en cada uno de estos ámbitos. En relación con los factores de producción, el Estado venezolano ejerce el control de la mayoría de los recursos heredados. Estos incluyen los yacimientos minerales y de hidrocarburos, los bosques y las aguas, el gas y la hidroelectricidad, las atracciones turísticas naturales  e históricas. Algunas las maneja directamente, como la minería del hierro y la bauxita, otras mediante concesiones, como el gas y los yacimientos auríferos. El Estado interviene igualmente en la creación de factores avanzados, incluyendo la tecnología, como en el caso del INTEVEP para las investigaciones petroleras, la formación de los recursos humanos, a través de las universidades y centros de entrenamiento, el financiamiento de proyectos,  y la infraestructura específica como la de riego y silos en el caso de la producción agrícola.

      En relación con la demanda, el Estado puede intervenir en la  creación de mercados  mediante las compras gubernamentales y las políticas que propicien la sustitución eficiente de importaciones. No se trata de la creación artificial de mercados, sino de establecer  condiciones mínimas  para hacer factible la producción nacional. Se puede mencionar como ejemplo la creación de mercado por parte de Petróleos de Venezuela para las empresas nacionales de ingeniería. Un segundo papel que puede jugar el Estado en relación con la demanda consiste en elevar el nivel de exigencia   para impulsar a los productores a mejorar la calidad. Este efecto se puede lograr mediante el establecimiento de normas oficiales o mediante las especificaciones en las compras gubernamentales, como en el caso de los  referidos proyectos de ingeniería contratados por las empresas petroleras.

     En relación con las industrias relacionadas y de apoyo, uno de los hallazgos de Porter consiste en que los sectores exitosos en el mercado internacional suelen ser parte de un cluster o agrupamiento industrial. El Estado puede propiciar la conformación de clusters mediante el estímulo a la inversión en eslabones faltantes en las cadenas industriales y para la instalación de proveedores especializados. Entre las medidas se encuentran la exoneración de impuestos, la dotación de terrenos industriales y la dotación e condominios industriales para PYMES. También puede ayudar a suplir las carencias de los cluster nacionales propiciando alianzas  internacionales, por ejemplo, para el suministro de maquinaria y equipos que no se fabrican en el país.

      El cuarto elemento del Diamante Estratégico se refiere a la dinámica empresarial en el sector. El Estado puede propiciar la competencia interna o la consolidación de empresas mediante fusiones o adquisiciones, según se requiera para fortalecer el sector. Por ejemplo, México propició la consolidación interna de su sector cemento, permitiendo a Cemex la adquisición de otras empresas como preámbulo a su incursión en el mercado global. El Estado puede propiciar la competencia entre empresas en el mercado a la vez que estimula la cooperación en otros aspectos, Como la investigación tecnológica y los consorcios de exportación.

     Para que la cooperación público-privada resulte en el fortalecimiento competitivo de la economía cada acción a tomar debe tener como norte apoyar y dirigir las fuerzas del mercado, en lugar de oponerse a ellas o pretender suplantarlas. Se requiere que los empresarios aprendan a utilizar el poder del Estado para potenciar sus propias capacidades de cara a los mercados nacionales e internacionales, no para obtener rentas, como ha sucedido en el pasado.