PREVENCION DEL DELITO
La prevención de
los delitos es más propicia cuando se combaten las causas estructurales que
generan la inseguridad, a través de programas sociales, de tal manera que son
fomentados aquellos valores cívicos, morales y culturales que promueven el
respeto a la legalidad y la predisposición a la convivencia social ordenada y
armónica. En este marco, los criterios del Gobierno del Estado en materia de
prevención del delito son:
- Los programas de prevención atenderán las causas sociales de la delincuencia.
- La prevención se realizará en coordinación con la federación, los ayuntamientos y la sociedad.
- En coordinación con el Congreso del Estado, se promoverá la adecuación jurídica sobre prevención del delito
- En coordinación con los municipios, se promoverá la homologación de sanciones administrativas
- Se fortalecerá la participación de instituciones asistenciales y grupos privados en la atención a menores y niños de la calle
- Con apoyo de los medios de comunicación, se promoverá la cultura social sobre prevención del delito
- Se promoverán acciones de salud, educación, deporte, empleo, vivienda y recreación.
La
prevención del delito debería ser una de las tareas principales de la
asistencia a la víctima.
He
constatado tres ejemplos de estos programas
Primero.
Programas de prevención dirigidos a evitar que la víctima sea nuevamente
victimizada. Algunas ponencias Kleemans,
Limbergen, Winkel y Ren han discutido el hecho de que algunas víctimas son
multivictimizadas y las causas de esa segunda victimación. Esta información
debería usarse por los servicios de ayuda a la víctima para evitar que las
víctimas sean nuevamente victimizadas.
Segundo.
Prevención del delito orientada al delincuente: Serkei nos da un ejemplo interesante con un programa educativo.
Este programa funciona en Holanda como una modalidad de sanción a los
delincuentes juveniles, obligándoles a asistir a sesiones en donde les explican
los daños que ellos han causado a sus víctimas.
Tercero.
Programas de prevención dirigidos a la comunidad. Se han presentado varios
ejemplos de programas enfocados a combatir la violencia, discriminación,
tensiones raciales y corrupción en la comunidad. Un ejemplo de esto lo presentó
Mrs. Motsei, de Sudáfrica, el primer
día del Congreso. Se trata de capacitar a la sociedad para que resuelva sus
propios conflictos a través del trabajo comunitario, con el fin de que permita
establecer normas sociales contra la violencia y las agresiones sexuales.
Por otra
parte, si los ciudadanos no conocen sus derechos fundamentales y no saben -por
ejemplo- que el marido no debe pegar a su mujer, o que un funcionario no debe
exigir pago alguno por su función, este desconocimiento social se traduce en
una sociedad más vulnerable a ser victimizada.
He
comentado que los servicios tradicionales de ayuda a la víctima, en los países
más desarrollados, no cubren más que el 1% de todas las víctimas. Así los
países menos desarrollados, con sociedades civiles desestructuradas, no deben
imitar los modelos tradicionales de asistencia a la víctima, sino trabajar en
colaboración y desde la base con estos programas comunitarios.
Este tipo
de programas tienen su importancia en los numerosos países que terminan de
salir de un conflicto bélico. Se trata de pacificar y reducir la tensión entre
grupos de la población que han estado enfrentados, y así poner fin a ciclos de
venganza entre familias o clanes anteriormente enfrentados. El concepto de
trabajo comunitario tiene otro sentido en este tipo de sociedades.
Nuevas vías de organizar y financiar la asistencia a la
víctima
Marlene Young dice que las víctimas de
los 90 son diferentes de las de décadas anteriores. Hemos visto diferentes
tipos de victimación, como los fraudes cometidos a través de Internet. De otro lado,
también hemos visto que se puede mejorar el trabajo informativo y la
comunicación entre nuevas iniciativas, y beneficiarnos de las nuevas
tecnologías para organizar nuestras actividades de mejor manera.
El desafío
más grande de la asistencia a la víctima es que hoy muchos gobiernos intentan
reducir el compromiso del Estado con los programas de ayuda a víctima. Tenemos
que buscar otras formas de financiación sin que, como nos advierte M. Pierre de Liège, esta nueva
modalidad de financiación se convierta en un tema comercial que perjudique a la
víctima en vez de ayudarla.
Si el
Estado elude su responsabilidad de financiar la ayuda a la víctima, existen
modelos alternativos en funcionamiento:
El modelo
francés es el de una Fundación nacional en la que, entre otras vías de
financiación, está el pago de una prima a cargo de las compañías de seguros, de
modo que se paga 15 francos a este fondo cada vez que se suscribe un seguro de
cualquier tipo en Francia. El modelo canadiense y escandinavo consiste en el
cobro de una modesta tasa a los condenados, cuando se les notifica la
sentencia. Dado el hecho de que la mayor parte de los delincuentes comunes son
insolventes, tanto en España como en otros países, mediante este sistema no se
conseguiría recaudar grandes cantidades. Sin embargo, en países donde se
imponen y se consigue cobrar muchas multas de tráfico, esta fórmula si sería
posible. El modelo americano, descrito por Dussich,
consiste en recaudar fondos y donativos de las fundaciones. ¿Cómo aplicamos estos
modelos en países donde las víctimas están más necesitadas de ayuda?, ¿países
pobres en donde la gente no tiene pólizas de seguros y el sistema de justicia
penal funciona mal? Como Ezzat Fattah
ha sugerido en la sesión plenaria y en recientes ocasiones, si un porcentaje de
todas las multas recaudadas por el Estado se dedicara a la ayuda a la víctima,
la financiación estaría garantizada.
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